¿Puede permitirse España estar un año paralizada? Consecuencias de la ausencia de gobierno

Abr 21

¿Puede permitirse España estar un año paralizada? Consecuencias de la ausencia de gobierno

Las elecciones del pasado 20 de diciembre no han supuesto una segunda transición política como prometían algunos partidos ni parece que vayan a propiciar tampoco el cambio sino, salvo sorpresa de última hora, todo lo contrario, es decir, parálisis y la convocatoria de unas nuevas elecciones, tras cuatro meses de negociaciones.

Esta situación es nueva para España y nos introduce, con dudoso honor, en el ranking de países que más tiempo han permanecido sin gobierno: Bélgica, que estuvo 541 días desde las elecciones de 2010 -y en 2007 ya tardaron otros 197 en formar gobierno-; Camboya, 353 días en 2003; Irak, 289 días en 2010; u Holanda, 208 días en 1977 y, más recientemente, en 2003, 129 días; por no hablar de la inestabilidad italiana, que en los últimos veinte años ha tenido once gobiernos y diez jefes de gobierno.

A lo largo de estos meses, comparando nuestra situación con la belga, entre jocoso e irónico, se ha comentado que esta carencia de gobierno no es para tanto y, de hecho, en Bélgica, tras año y medio sin políticos al frente, bajó la tasa de desempleo, subió el salario mínimo interprofesional, su PIB se incrementó y se redujo el déficit y la percepción de la corrupción.

Sin embargo, España no es Bélgica y mucho nos tememos que la convocatoria de nuevas elecciones, que arrojarían según las encuestas unos resultados similares a los del 20D (o un empatado realineamiento ideológico), y un nuevo proceso negociador pueden dejar a España cerca de un año sin un gobierno al frente. ¿Qué consecuencias conllevaría esto para nuestro país? Sin ánimo de ser exhaustivos, aquí reflejamos algunos efectos que, de hecho, ya se están produciendo:

En el plano económico, la primera de ellas sería, obviamente, el coste de una nueva convocatoria electoral. Según el Ministerio del Interior, suponen un gasto de 130 millones de euros, más la inversión que lleve a cabo cada partido y la financiación pública que reciben por los resultados obtenidos (aproximadamente otros 30 millones de euros).

Por otra parte, los inversores (bancos, empresas y fondos) están a la expectativa de la formación de gobierno. A la hora de planificar una inversión, se trabaja con un horizonte de seguridad de tres o cuatros años, así como conocer los planes concretos del futuro Ejecutivo, para no verse atrapados después por cambios legales y regulatorios. Actualmente, los planes de inversión están en el aire, en el mejor de los casos, si no se han trasladado a otros países. De hecho, algunos analistas hablan de la pérdida de más de 6.500 millones de euros en proyectos de inversión, lo que habría supuesto 160.000 puestos de trabajo.

La inestabilidad e incertidumbre no sólo afectan a la inversión, sino también a  la caída de la confianza en el consumidor y, por tanto, a otros aspectos fundamentales de la economía (descenso del gasto de las familias, inversiones inmobiliarias, destrucción de empleo, número de afiliaciones a la Seguridad Social, aumento del déficit del Estado…) que provocan su ralentización.

Asimismo, un gobierno en funciones no puede desplegar políticas proactivas de empleo, por lo que se ralentiza la recuperación de la economía. De hecho, el servicio de estudios de BBVA calculó en el mes de febrero que, si la incertidumbre política se prolongaba seis meses, la tasa de crecimiento se reduciría 1,3 puntos porcentuales en 2017 (del 2,7% al 1,4%) para dejar en la mitad la tasa de crecimiento previsto.

Del mismo modo, la reestructuración bancaria ha quedado paralizada. El complejo panorama político ha provocado el aplazamiento de la necesaria reestructuración financiera que contemplaba este ejercicio una nueva ronda de fusiones y absorciones de entidades medianas.

Por todo ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aplazado su informe anual sobre la situación de España hasta que se desbloquee la situación institucional y haya un nuevo presidente del Gobierno y poder realizar el diagnóstico sobre nuestra economía en el que actualiza sus previsiones y plantea recomendaciones.

Consecuencias políticas

Y si el plano económico es importante, como acabamos de comprobar, el político no lo es menos. Permanecer tanto tiempo sin gobierno tendría un alto coste en términos de confianza política. Habríamos pasado de tiempos de ilusión por la necesaria regeneración política a agravar la desafección ciudadana ante la falta de acuerdo entre las principales formaciones políticas y regresar al escepticismo público por el anhelado cambio que no llega (o peor, era esto).

Además, en las pocas semanas que llevamos de “funcionamiento” de la XI Legislatura, se ha producido un enfrentamiento institucional sin precedentes entre el gobierno en funciones y el Congreso a cuenta de la negativa del ejecutivo en funciones a someterse al control parlamentario, lo que contribuye a enrarecer y crispar el ambiente político.

Si apenas ha habido tiempo de retomar los proyectos de ley que quedaron pendientes de la anterior legislatura, si se convocasen nuevamente elecciones estos trámites legislativos quedarían nuevamente paralizados. Algunos de ellos son los siguientes: Proposición de Ley de modificación de la Ley de Impuestos Especiales (para modificar el impuesto de matriculación de vehículos con el fin de reducir las emisiones contaminantes de los vehículos y mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades), Proposición de Ley de creación de un fondo para combatir la pobreza y la exclusión social, Proposición de Ley de modificación de la Ley General Tributaria, Proposición de Ley por la que se modifica la Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo…

La ausencia de actividad parlamentaria conlleva que no se adopten medidas en asuntos importantes y queden paralizadas reformas necesarias en asuntos como el Estado del Bienestar (sanidad, educación, pensiones o el salario mínimo), la lucha contra la corrupción, la reforma de las instituciones, el sistema electoral, el Poder Judicial o el modelo territorial.

Igualmente, otro aspecto que genera incertidumbre es la cuestión catalana. Sin un gobierno al frente y cuando la política es más necesaria que nunca, ¿quien afronta el desafío secesionista de Cataluña?

Por otra parte, la acción exterior también se ha visto afectada y la Casa Real ha suspendido cuatro viajes de Estado a Japón, Corea del Sur,  Arabia Saudí y el Reino Unido. Y lo que es peor, la posibilidad de retomar en breve alguno de estos viajes es remota ya que tanto Reino Unido como Japón solo organizan dos visitas de Estado al año y habría dificultades para encajar una fecha para los Reyes en 2016. Y en el sentido opuesto, el presidente de EE. UU., Barack Obama, ha retrasado su visita a nuestro país hasta que haya un nuevo Ejecutivo en La Moncloa.

Más preocupados por cuestiones internas, nuestra diplomacia pública se está viendo afectada de la ausencia de política exterior. Los tres espacios claves para la política exterior española (Europa, el norte de África y América Latina) están sufriendo la escasa capacidad de España en proponer iniciativas y la ausencia de posiciones propias para hacer valer sus argumentos. En importantes asuntos como la eventual salida de la UE del Reino Unido, la crisis de asilo a los refugiados, o la cumbre sobre seguridad nuclear celebrada recientemente en Washington la diplomacia española ha pasado totalmente desapercibida. Pero es más, la falta de presencia política española en América Latina está suponiendo un riesgo estratégico no sólo a nivel político sino para nuestras empresas, que ven como sus posiciones se debilitan a la par que nuevos competidores, ayudados por diplomacias más activas, ganan terreno progresivamente.

En consecuencia, por todas estas razones, nuestra imagen, nuestra marca país, se está viendo comprometida y generando preocupación, no sólo a nivel interno, sino entre nuestros aliados.

Pese a todo, y a la vista de los sondeos electorales que casi semanalmente nos radiografían la situación política, nada garantiza que unas nuevas elecciones arrojen unos resultados que favorezcan la formación de gobierno y desbloqueen la situación actual.

El mensaje que la ciudadanía mandó a la clase política el 20D fue muy claro: evolucionar de la discrepancia y la competencia a la colaboración y cooperación entre partidos donde negociación, consenso y pacto sean  palabras habituales del vocabulario parlamentario en un nuevo tiempo político, el de la política colaborativa.

Y este mensaje continúa más vigente que nunca. Todavía quedan unos días para evitar, como hemos visto a lo largo de este artículo, las consecuencias de estar un año sin gobierno y adelantar el más que previsible acuerdo que deberán alcanzar después de las hipotéticas elecciones de junio ¿estarán los políticos a la altura?

* Artículo publicado en el diario digital BEZ.es el 25 de abril de 2016.

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